El Síndic de Greuges investiga al Ayuntamiento de Aldaya por incumplir la ley de accesibilidad universal

Aldaya, 29 de septiembre de 2026. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha admitido a trámite y ha abierto una investigación (queja n.º 2603983) sobre el Ayuntamiento de Aldaya. El motivo es el incumplimiento de la Ley 8/2024, de 30 de diciembre, de accesibilidad universal de la Comunitat Valenciana, denunciado por Paula García, concejala no adscrita de Aldaya Decidix. En su resolución del 10 de septiembre, el Síndic considera que la actuación municipal podría afectar al derecho a la accesibilidad universal.

Una vecina sorda lo empezó todo

Todo comenzó cuando una vecina sorda de Aldaya denunció una situación sencilla: no puede seguir los plenos de su propio Ayuntamiento porque no hay intérprete de lengua de signos (ILSE). Tampoco lo hay para hacer trámites en las dependencias municipales. Había solicitado el servicio y no lo obtuvo. Al investigar su caso aparecieron más incumplimientos:

• Sin intérprete de lengua de signos. No lo hay ni en los plenos ni en la atención al público. Tampoco existe bucle magnético.
• Barreras arquitectónicas en edificios públicos. El Teatro del Mercado, donde se celebran los plenos, tiene escaleras que impiden el acceso a las personas con movilidad reducida. Ocurre lo mismo en la Casa de la Música y ocurría hasta hace poco en el Centro Matilde Salvador.
• Ni un solo pictograma. Ninguna dependencia municipal tiene pictogramas ni información en lectura fácil. Esto deja sin accesibilidad cognitiva a las personas con trastorno del espectro autista (TEA), discapacidad intelectual o deterioro cognitivo.

Meses de excusas documentadas

• 23 de julio. García se dirige por escrito a la Secretaría General del Ayuntamiento, órgano encargado de velar por la legalidad de la actuación municipal. Pide medidas inmediatas y el plan municipal de accesibilidad que exige el artículo 15.1.b) de la ley.
• 30 de julio. Responde el alcalde, Guillermo Luján. Expresa un «firme compromiso» con la accesibilidad, pero no aporta ni una medida ni una fecha. Remite cualquier avance a cuando se rehabilite el salón de plenos, dañado por la DANA, y a los plazos de la Ley de Contratos.
• 6 de agosto. García presenta alegaciones con cinco soluciones inmediatas que no interfieren con las obras: un intérprete de LSE presencial en el Teatro del Mercado, contratado mediante contrato menor; las subvenciones disponibles de Conselleria, Ministerio, Real Patronato sobre Discapacidad y fondos europeos; la superposición del intérprete en la retransmisión con software de bajo coste; el traslado de los plenos al TAMA o al Antic Ajuntament; y la instalación de pictogramas de ARASAAC, gratuitos y de licencia libre. Ese mismo día acude al Síndic.
• 10 de septiembre. El Síndic abre la investigación y exige al Ayuntamiento que informe sobre cuatro cuestiones: si cumple hoy la normativa de accesibilidad, en qué fecha estará rehabilitado el salón de plenos, qué medidas inmediatas va a adoptar y si puede aplicar las alternativas propuestas.
• 22 de septiembre. El alcalde responde al Síndic con la misma carta de julio. No dice si cumple la ley. No da fecha, solo «pocos meses», y aun así condicionados a que no haya incidencias. No anuncia ninguna medida inmediata. Sobre las alternativas, se limita a decir que «serán valoradas».

La DANA no es una excusa legal

La Ley 8/2024 se aprobó el 30 de diciembre de 2024, dos meses después de la DANA, y está en vigor desde el 8 de enero de 2025. El legislador conocía la catástrofe y no incluyó ninguna moratoria ni excepción para los municipios afectados. Además, ninguna de las medidas propuestas depende del salón de plenos: un intérprete, un traslado de sesión o una hoja de pictogramas no necesitan obras. Paiporta, uno de los municipios más golpeados por la DANA, celebra sus plenos con intérprete de lengua de signos.

García ha querido reconocer expresamente a la vecina que dio el primer paso: «Esto existe porque una vecina decidió no callarse. Es a ella a quien hay que dar las gracias».

Aldaya Decidix seguirá la investigación del Síndic hasta su resolución final. También exigirá que el Ayuntamiento apruebe el plan municipal de accesibilidad universal que la ley le obliga a elaborar.